Por qué proteger el conocimiento en las universidades es una decisión estratégica

La experta María Clara Lima analiza cómo se modificó la relación entre las instituciones académicas y las empresas, de qué manera la propiedad intelectual agrega valor al conocimiento y qué desafíos abren las spin-offs para el futuro de la innovación argentina.

Durante décadas, la universidad argentina fue concebida principalmente como un espacio de producción y circulación libre del conocimiento. Sin embargo, en paralelo con el crecimiento de la investigación aplicada y la necesidad de transferir desarrollos al entramado productivo, comenzó a consolidarse otra discusión: cómo proteger aquello que se genera en los laboratorios para que pueda convertirse en innovación concreta.

Para María Clara Lima, abogada, Magister en Propiedad Intelectual, responsable de la Dirección de Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y docente en la Especialización y Gestión de la Tecnología y la Innovación (GTEC) de la UNTREF,  proteger los activos intelectuales no es un obstáculo para la difusión científica sino una herramienta estratégica para agregar valor al conocimiento y hacerlo viable fuera del ámbito académico.

De la publicación a la transferencia

Aunque hoy la discusión parece más extendida, algunas universidades argentinas comenzaron a abordar tempranamente estas cuestiones. La UNLP, la Universidad Nacional del Litoral, la Universidad Nacional de Rosario y la UBA fueron pioneras en la conformación de áreas específicas y normativas internas vinculadas con la propiedad intelectual.

El gran punto de inflexión llegó en 1990 con la sanción de la Ley 23.877 de Promoción y Fomento de la Innovación Tecnológica, que habilitó a las universidades a crear unidades de vinculación tecnológica y formalizar la transferencia de conocimientos hacia el sector productivo.

"A partir de esta ley, las universidades supieron que podían ejercer estas acciones. Antes, la universidad generalmente solo producía conocimiento que se transfería gratuitamente a través de los papers o de servicios tecnológicos que involucraban la transferencia de know how", explica Lima.

La novedad fue que las instituciones comenzaron a transferir tecnologías de manera formal obteniendo una contraprestación económica por ello. "Se les habilita a armar unidades ejecutoras y unidades de vinculación para coordinar con el sector empresarial la transferencia de las tecnologías a cambio de un precio", agrega.

En este punto, Lima advierte que la transferencia no puede reducirse a la lógica de la prestación de servicios a terceros. Muchas empresas recurrían a las universidades para obtener informes técnicos o desarrollos puntuales quedándose luego con todos los resultados obtenidos.

"A la institución le interesa generar conocimiento del cual pueda ser titular para poder después disponer libremente de ese conocimiento. Y esa libertad involucra poder elegir si se transfiere o licencia a cambio de un precio, o si se comparte en acceso abierto", sostiene.

Por eso, destaca la importancia de establecer acuerdos específicos que definan con claridad la titularidad y los alcances del vínculo. "Si es un acuerdo de I+D, la cotitularidad es conjunta, según los aportes específicos realizado por la partes. Y en general estos porcentajes de cotitularidad se definen en un convenio posterior", ilustra. De lo contrario, si no quedan claras las reglas de titularidad, la universidad corre el riesgo de quedar impedida de utilizar o transferir posteriormente la tecnología desarrollada dentro de su ámbito.

"Muchas veces te encontrabas limitado: porque la contraparte que pagó por el servicio o la investigación puede manifestar que ‘sobre esta temática que yo financié no podés divulgar nada’. Te atan de pies y manos, inclusive para esa libertad que le gusta asegurarse a la universidad de producción académica", resume.

Universidades más conectadas con el territorio

Otro cambio radical ocurrió en los últimos quince años. Según Lima, las universidades dejaron de esperar pasivamente que una empresa se interesara por una tecnología ya desarrollada y comenzaron a trabajar sobre demandas concretas de sus territorios.

Hasta hace no mucho tiempo, el acercamiento surgía principalmente a partir de contactos personales de investigadores, congresos, cartas de intención o consultas motivadas por las ofertas tecnológicas publicadas en las páginas institucionales.

La UNTREF patentó un sistema de sensores acústicos que funciona con paneles solares y monitorea en tiempo real el ruido urbano, en línea con el modelo de ciudades inteligentes.

Pero esa dinámica mutó. "Las universidades ya no se quedan esperando que las vengan a contactar mostrando su oferta tecnológica", afirma Lima. Hoy muchas universidades identifican necesidades específicas de las regiones donde están insertas y orientan parte de sus líneas de investigación hacia esos desafíos. Así, investigaciones vinculadas al estrés hídrico en cultivos, la remediación ambiental o enfermedades específicas surgieron de necesidades detectadas en los propios territorios.

Más que una transformación administrativa, se trata de un cambio de paradigma: pasar de ofrecer conocimientos ya producidos a construir soluciones junto con los actores sociales y productivos del entorno.

Proteger para agregar valor

Uno de los conceptos centrales del planteo de Lima es que la propiedad intelectual no constituye una barrera para la circulación del conocimiento, sino un mecanismo para valorizar aquello que se produce y hacerlo transferible. "La propiedad intelectual agrega valor al conocimiento que generás", resume.

Ese valor radica en que la protección permite crear condiciones para que un tercero esté dispuesto a invertir en el desarrollo posterior de una tecnología. El conocimiento científico rara vez llega al mercado en el mismo estado en que surge del laboratorio: requiere escalado, validaciones, producción industrial y recursos económicos significativos.

"Nosotros siempre necesitamos de una contraparte que nos asista en el escalado y la inserción de un producto en el mercado a partir de la tecnología que creamos. Siempre es necesaria esa pata de la inversión empresarial", explica.

Sin protección, ese incentivo desaparece. Lima sostiene que nadie quiere invertir en conocimiento que esté libremente disponible. "Si está en el dominio público, ¿para qué voy a gastar tanto tiempo y dinero si no voy a obtener una ganancia? Ese es el pensamiento del mercado", afirma.

A la hora de definir cuánto vale una tecnología, Lima asegura que no existe una fórmula única. La valorización debe contemplar tanto la inversión realizada para generarla como las características de quien pretende licenciarla.

"Vas a tener en cuenta todo el dinero que ingresó alrededor de ese conocimiento: quién financió, cuántas personas trabajaron, durante cuánto tiempo y con qué costos", explica. Pero también importa quién está del otro lado. "Si la contraparte es una empresa con espalda ancha para poder afrontar el costo que vos le imponés, es una cosa; pero si no lo es, vas a tener que acordar una licencia de uso con un fee mínimo de entrada e ir ampliando ese importe a medida que la tecnología se inserta en el mercado", señala.

Desde esta perspectiva, proteger no significa restringir el acceso al conocimiento, sino generar las condiciones para que una innovación pueda desarrollarse, atraer inversión y convertirse efectivamente en una solución disponible para la sociedad.

Acceso abierto y propiedad intelectual: una falsa contradicción

La especialista rechaza la idea de que exista una tensión inevitable entre acceso abierto y protección del conocimiento. "No hay una contradicción entre publicar y proteger cuando el conocimiento sea valioso", apunta.

La Ley de Repositorios Institucionales de Acceso Abierto, que entró en vigencia en 2013, obliga a difundir la producción científica ya publicada, pero no exige divulgar desarrollos que aún requieren confidencialidad para su protección.

Lima participó del debate parlamentario y de la redacción de aspectos vinculados con propiedad intelectual de esa normativa. "El desafío de esa ley era que las revistas internacionales nos dieran permiso pasados los seis meses para poder divulgar en un repositorio de acceso abierto ese conocimiento que habían publicado. Tuvimos que cambiar la mentalidad de los editores", recuerda sobre la implementación del sistema.

La soja transgénica creada por Monsanto quedó de dominio público en Argentina al registrarla como patente y no como nueva variedad vegetal.

En un contexto de restricciones presupuestarias recurrentes para la ciencia argentina, ella plantea además una cuestión pragmática. "Todos son conscientes de que para poder seguir generando conocimiento se necesitan recursos económicos y de algún lado hay que sacarlos", explica. "Si no los obtenés por parte del financiamiento del Estado o de convenios internacionales, los tenés que obtener a partir de valorizar la tecnología y transferirla".

Las distintas formas de proteger el conocimiento

Cuando se habla de propiedad intelectual, suele pensarse automáticamente en las patentes. Sin embargo, según explica María Clara Lima, existen múltiples mecanismos para proteger los resultados de la investigación, y la elección depende de la naturaleza del conocimiento generado.

Las patentes de invención constituyen quizás la herramienta más conocida. Se utilizan para resguardar desarrollos tecnológicos novedosos que cumplen determinados requisitos de innovación: novedad, altura inventiva y aplicación industrial. También existen los modelos de utilidad, una suerte de "patente menor" destinada a mejoras funcionales introducidas sobre objetos o herramientas ya existentes.

Otros desarrollos encuentran protección a través de los diseños industriales, mientras que las obras literarias, científicas, artísticas, los programas informáticos y las bases de datos quedan amparados por el régimen de derecho de autor. En áreas específicas también existen mecanismos particulares, como la protección de nuevas variedades vegetales, ampliamente utilizada en el sector agropecuario.

Pero no todo conocimiento necesariamente se registra. En algunos casos, la mejor estrategia consiste en mantener la información bajo estricta confidencialidad. "Puede ser que lo mantengas como know how secreto", señala Lima. "O porque no tiene la posibilidad de ser protegido por otras instituciones jurídicas o porque justamente, si lo sacás a la luz, podés estimular que otros lo copien rápidamente".

En ese sentido, la experta remarca que es fundamental elegir bien la herramienta de protección. Una decisión equivocada puede significar la pérdida total de los derechos sobre una innovación. Lima recuerda que cada tipo de activo intelectual posee su propio régimen jurídico y que utilizar una figura inadecuada puede dejar el desarrollo sin protección efectiva.

Un ejemplo paradigmático es el caso de la soja transgénica desarrollada por Monsanto. Según relata Lima, la empresa eligió un mecanismo de protección que no se adecuaba al sistema jurídico argentino. "Las semillas se protegen como variedades vegetales. Monsanto intentó protegerla por patente y no por la figura específica que correspondía", acota.

La consecuencia no fue nada menor. Al no obtener una protección válida sobre la tecnología en el país, la utilización de esa semilla se expandió sin que la empresa pudiera reclamar derechos exclusivos sobre su explotación. "Quedó de dominio público", detalla Lima.

El caso ilustra una de las cuestiones centrales de la gestión de la propiedad intelectual: la innovación no termina cuando se obtiene un resultado científico. También requiere diseñar una estrategia jurídica adecuada, identificar en qué países conviene proteger el desarrollo y seleccionar el instrumento legal que mejor se adapte a sus características. En un contexto global donde el conocimiento compite de manera permanente, la forma en que se protege una innovación puede ser tan importante como la innovación misma.

Patentes: una carrera global desigual

La experta reconoce que Argentina enfrenta limitaciones estructurales para competir en igualdad de condiciones en materia de protección internacional. "Los países de Sudamérica estamos lejísimos de los países más adelantados en temas de protección por propiedad intelectual", afirma.

Nuestro país es competitivo a nivel mundial en áreas como las tecnologías aeroespaciales.

Así y todo, Lima destaca áreas donde el país muestra fortalezas importantes: software, videojuegos, producción cultural, nanotecnología, biotecnología, tecnologías aeroespaciales y desarrollos vinculados a ciudades inteligentes.

Para ella, el gran reto es económico: las patentes son territoriales y proteger una invención en múltiples mercados requiere inversiones elevadas. “Si vos tenés una excelente formulación para hacer un medicamento y lo protegiste solamente en Argentina porque no te alcanzó para protegerla en otros lugares, toda esa formulación para el medicamento la van a poder producir y vender en países que tienen una industria farmacéutica importante como Brasil, India o Estados Unidos”, ejemplifica.

Las spin-offs: cuando los investigadores cruzan de vereda

Uno de los fenómenos más interesantes en el ecosistema de innovación es la aparición de las spin-offs o empresas de base tecnológica nacidas a partir de desarrollos generados en la propia universidad.

Para la Magíster y docente, estas experiencias introducen una transformación profunda en la relación histórica entre academia y sector privado. "Varias universidades dictamos normativas apoyando la posibilidad de conformar spin-offs universitarias y con eso los investigadores ven que existe una opción más para llevar al mercado los productos y servicios", enfatiza.

Bajo esta figura, los investigadores dejan de negociar desde la universidad con las empresas o dejan de ser sus empleados para convertirse ellos mismos en protagonistas del proceso productivo. “Pasan a ser parte del quehacer empresarial, a ser patrones y accionistas en sus propias startups”.

Este cambio cultural no fue inmediato. "Hace quince años, si un investigador decía que quería conformar una spin-off o una empresa de base tecnológica, lo miraban como alguien que ya no pertenecía al sistema científico-tecnológico. Ahora ya no es así; está bien visto que seas investigador y emprendedor con acciones en una empresa de base tecnológica", indica.

Aunque todavía son experiencias incipientes, las spin-offs argentinas muestran especial dinamismo en áreas intensivas en conocimiento como biotecnología, software, inteligencia artificial aplicada a la salud, nanotecnología, videojuegos y desarrollos vinculados a las ciencias de la vida.

Lima advierte que crear una empresa es apenas el comienzo y que el verdadero desafío consiste en sostenerla. "Para que haya más conformación de empresas de base tecnológica tiene que haber más organismos de financiamiento y más asistencia", sostiene. "Durante los primeros tres años necesitás plata; nadie se tira al río sin salvavidas".

De este modo, el espíritu emprendedor por sí solo no alcanza. "Si el sistema de financiamiento privado y la economía no acompañan, te terminás frustrando", reflexiona.

En otras palabras, para que estas empresas prosperen no basta con producir conocimiento de calidad. También hacen falta políticas públicas a lo largo del tiempo, instrumentos de financiamiento y un entorno económico que genere facilidades para las inversiones privadas nacionales y extranjeras, y que permita transformar la innovación universitaria en proyectos viables y perdurables.